La celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y la posterior declaración de independencia por el Parlamento catalán y el Gobierno de la comunidad autónoma crearon una fisura entre el resto de España y una parte de los ciudadanos catalanes. Ensayo general de una revuelta (Galaxia Gutenberg, 2019), del periodista Francesc-Marc Álvaro, es una buena guía para comprender el camino que ha seguido el nacionalismo catalán hacia el independentismo. Sin embargo, su falta de neutralidad en la exposición de los argumentos le resta valor para un lector externo a la realidad catalana del día a día.
Álvaro pretende dar las claves del proceso catalán, pero sólo se centra en el aspecto rigurosamente político de la espiral independentista, sin analizar la importancia de la crisis económica (y del sistema de financiación autonómico) en la ruptura de casi la mitad de la ciudadanía catalana con España. Hay que reconocer al libro de Álvaro la virtud de ponernos, a los que asistimos a la cadena de disparates que se cometen desde hace siete años en Cataluña, en la mente y las ideas de quienes engañaron y manipularon a los catalanes que quisieron creer en una “desconexión” de España incumpliendo la ley.
En determinadas cuestiones, Álvaro toma partido por la versión independentista, lo que convierte a este ensayo en un libro de parte. Y cada uno puede adoptar la postura que desee, y defenderla con argumentos, pero el lector se espera una obra equilibrada sobre el papel de Cataluña en España. Desde el principio (página 24) ya se habla del “exilio” de Carles Puigdemont. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, exilio significa “separación de una persona de la tierra en que vive”, pero también “expatriación, generalmente por motivos políticos”. Y ello nos lleva a recordar que en España no se persigue a nadie por sus ideas políticas y que Puigdemont no está encausado por ellas. El expresident se halla imputado y procesado por la comisión de un conjunto de presuntos delitos en el desempeño de su cargo público. Pero esta acusación judicial no es por sus ideas independentistas. La prueba de ello es que en el Gobierno catalán actual (y en el Parlamento español) hay personas que comparten ese ideario de forma pública y no tienen abierto ningún proceso judicial. El lenguaje es importante, sobre todo en el mundo del independentismo catalán, donde se ha tergiversado y prostituido hasta el punto de hacer pasar por “presos políticos” a quienes están en prisión preventiva por haber cometido supuestos delitos en sus responsabilidades públicas.
Con todo, el libro de Álvaro tiene virtudes que hacen aconsejable leerlo. La primera, conocer cuál es el pensamiento independentista, a pesar de su incoherencia y de estar fundamentado en un relato falso e interesado. La segunda es el análisis sobre la evolución del nacionalismo hacia el independentismo. La tercera es la radiografía de la etapa de gobierno de Jordi Pujol, cuando la región catalana consiguió los mayores desarrollos económicos, sociales y políticos. Pujol supo en todo momento usar el sistema electoral español, que otorga mayor representatividad a los partidos catalanes que a otros de ámbito nacional, para influir en la política española y en la conformación del Estado autonómico. Pujol podrá gustar más o menos y está por ver si cometió algún delito de corrupción, pero los gobernantes que han llegado al poder tras él no han tenido su inteligencia política ni su altura de miras para entender que Cataluña sin España (y España sin Cataluña) no son nada.
El discurso independentista quiere vender que España no es un país democrático, porque no permite votar a los ciudadanos independentistas su relación con España. Pero la cuestión es más compleja. El sistema constitucional y legal español cuenta con las vías para plantear la independencia de Cataluña y ejecutarla. Y ello pasa por la promoción de una reforma de la Constitución que modifique el sistema autonómico y la “indisoluble” unidad de España. Y Cataluña, como comunidad autónoma, se encuentra habilitada para promover esta reforma. Lo que sucede es que al independentismo, que hace bandera del “derecho a decidir”, le espanta esta vía, porque quien tendría que decidir sobre esta independencia sería el pueblo español en un referéndum. Y no le asusta porque la posible respuesta sea un no, sino porque tendría que abandonar su discurso victimista, de confrontación (del nosotros, nuestra identidad, el “hecho diferencial” catalán) y de sentimientos para realizar una campaña racional explicando por qué la independencia es buena para Cataluña y para España. Entonces el debate ya no sería una cuestión de independencia, sino de modelo de Estado, de concepción de España como un Estado federal. Pero ni los partidos independentistas catalanes ni los nacionales tienen suficiente respeto por el elector para plantearle estas cuestiones, que a ellos mismos les exigiría abandonar sus postulados grabados en piedra. Y aquí seguimos, dándonos contra la misma piedra después de casi 100 años.
