Un juez de Palma de Mallorca ha decidido, seis años depués, llevar a juicio a 84 controladores aéreos por el cierre del espacio aéreo en 2010. Les acusa de sedición. En otros 20 juzgados españoles los casos se han archivado sin encausar a ningún responsable y dando la razón a los controladores.
La Audiencia considera que la jueza de instrucción debe seguir investigando al existir indicios de delito y al no haber clarificado si las bajas masivas fueron reales o no. En Madrid y Barcelona siguen abiertos procedimientos judiciales por el caos aéreo de 2010.
El juez de instrucción de Málaga estima que, aunque pudo haber concierto entre los controladores aéreos para darse de baja de forma simultánea, los profesionales permanecieron en su centro de trabajo. Además, refiere que los perjuicios a los pasajeros se provocaron por el cierre de otros aeródromos.
El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid considera que 112 controladores pudieron cometer un delito de abandono de funciones públicas relacionado con un delito de sedición. El magistrado da un plazo a las partes para que pidan el archivo o el enjuiciamiento.
Un error del servicio de emergencias de Canarias y de diversos medios de comunicación, que no contrastaron la información, hizo creer durante 20 minutos que un avión se había estrellado en el mar de Canarias. Falsa alarma y mal lugar para el periodismo.
A pesar de que la jueza estima que no se cometió el delito de sedición, sí que ve indicios de que los controladores de Palma de Mallorca conspiraron para abandonar sus puestos de trabajo y entorpecer el servicio de tránsito aéreo.
El tribunal español de garantías considera que el juzgado contencioso administrativo debe motivar porqué no permite que más de 15.000 perjudicados puedan recurrir de forma conjunta.
El juzgado de Santiago que instruía el caso ha archivado el mismo al entender que cumplieron con la ley y que no abandonaron sus puestos de trabajo, sino que habían cumplido el número de horas máximas de trabajo en 2010.
Una nueva sentencia de la Audiencia Nacional considera que Aena no tiene que indemnizar por el abandono de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo en diciembre de 2010.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, siguiendo el criterio de la fiscalía, considera que los controladores no cometieron ningún delito al presentar sus bajas por incapacidad laboral, lo que llevó a AENA a cerrar el espacio aéreo de la región en 2010. La resolución se suma a otra parecida de Santiago de Compostela.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela ha emitido un auto en el que no ve indicios de delito en los controladores y considera que todos habían cumplido el máximo de horas anuales de trabajo y podían dejar de acudir a sus puestos, previa notificación, comio así ocurrió en diciembre de 2010.
En una sentencia que no admite recurso y es firme, la Audiencia Nacional estima que AENA no fue responsable del caos aéreo provocado por el abandono de los puestos de trabajo de los controladores aéreos. Por ello, la empresa pública no debe indemnizar a los perjudicados por estos hechos.
La Audiencia Nacional ha condenado a la empresa pública que gestiona los aeropuertos a pagar a eDreams más de 7.000 euros en concepto de daños directos. Es la primera sentencia que gana una agencia por la responsabilidad patrimonial de AENA en la huelga de controladores de 2010.
Pedro Garea, jefe de división de control del aeropuerto de Lavacolla (Galicia), asegura ante el juez que los controladores le avisaron con antelación de que cumplían sus horas máximas anuales.
Las agencias agrupadas en la asociación ACAV han recurrido a los tribunales tras ver denegada su petición por la propia AENA. Pueden pasar varios años hasta que vean satisfechas sus pretensiones.
Los paros se iniciaron el pasado martes y se extenderán hasta el viernes 25 de febrero. Lufthansa es una de las aerolíneas más afectadas, ya que la mitad de sus oepraciones se desarrollan en este aeródromo.
Más de un millar de controladores aéreos adscritos al sindicato USCA se han querellado contra cinco directivos de AENA por el cierre del espacio aéreo den diciembre de 2010.
Se cumple un año del cierre del espacio aéreo español cuando los controladores aéreos decidieron abandonar en masa los puestos de trabajo de Madrid, Palama de Mallorca y Málaga. Cientos de personas y empresas se vieron afectadas en el primer paro ilegal del control aéreo en nuestro país.
Una reciente sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Santiago de Compostela estima que no se puede culpar a AENA de imprevisión en la gestión de las horas de trabajo de los controladores. En esta causa se aportaron documentos confidenciales que el juez estima poco relevantes.
La asociación de controladores Aprocta avisa de que aumentarán los retrasos y que no se ganatiza la seguridad. AENA lo niega y los tribunales han aprobado su puesta en marcha.
Primera sentencia de la Audiencia Nacional en la que se decide que los responsables del paro fueron los controladores aéreos y no AENA.
Antonio Almodóvar, responsable de la División Regional Centro-Norte del Servicio de Tráfico Aéreo en AENA, ha explicado que días antes de los paros existían “rumores” sobre la convocatoria de una Asamblea General de controladores por parte de USCA. No ha declarado que se preparase una huelga.
La Asociación Profesional de Controles de Tránsito Aéreo (Aprocta) ha denunciado que el nuevo Servicio de Dirección de Plataforma en el Aeropuerto de Madrid-Barajas no garantiza la seguridad de las operaciones y provocará perdidas cercanas a los 100 millones a las aerolíneas.
Se inicia la vía administrativa, de la que los perjudicados no esperan respuesta y se verán abocados a reclamar la indemnización ante la justicia. Esta petición es independiente del proceso que se sigue contra los controladores aéreos.
Aena Aeropuertos adjudica a Ferronats y Saerco el control áreo en las torres de 13 aeropuertos: Alicante, Valencia, Ibiza, Sabadell, Sevilla, Jerez de la Frontera, Melilla, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.
Así, se admite la petición de los afectados de que se imputase a la cúpula de USCA por preparar, presuntamente, la jornada que acabó con la inasistencia de los controladores a sus puestos de trabajo en diciembre de 2010.
Los profesionales de los centros de control de Torrejón de Ardoz y Barajas están imputados por presuntos delitos de sedición, coacciones, abandono del puesto de trabajo y secuestro de pasajeros.
Este elevado nivel de demanda se produce en plena época de retrasos por la modificación de las plantillas de controladores aéreos que ha acometido AENA en los últimos meses.
El colectivo alemán tenía previsto realizar paros este jueves, pero un tribunal laboral ha impedido que se lleven a cabo los paros.
Algunas de las agencias asociadas a ACAV han presentado una reclamación patrimonial a AENA en la que reclaman hasta 1,3 millones de euros en concepto de indemnización por el paro de controladores aéreos.
Los médicos que firmaron las bajas han acudido al juzgado para ratificarse.
Hasta el 21 de julio, algunos de los profesionales que abandonaron sus puestos de trabajo en el último puente de la Constitución pasarán frente a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.
Este plan se acabará de implantar el 30 de junio, según ha reconocido José Blanco, ministro de Fomento, que lo hará público para conocimiento de todos.
Será los primeros profesionales que provocaron el cierre del espacio aéreo que pasen ante la justicia. Su actuación podría tener relevancia penal.
AENA abrió un expediente disciplinario a estos profesionales por abandonar su puesto de trabajo en diciembre de 2010, que se ha resuelto tras la demanda de conflicto colectivo que presentaron los controladores afectados ante la justicia, que les quitó la razón en sus reivindicaciones.
Las aerolíneas españolas reclaman a AENA 116 millones de euros como consecuencia de las pérdidas ocasionadas después de meses de conflictividad laboral con los controladores aéreos, entre mayo y diciembre de 2010.
La Justicia no vuelve a ser favorable a los controladores aéreos. El Tribunal Supremo ha declarado su incompetencia para entrar a juzgar si la ampliación del estado de alarma que declaró el Gobierno el pasado 4 de diciembre de 2010 se ajustó a la legalidad.
Un juzgado de lo Social de Santiago de Compostela dictamina que AENA contabilizó bien las horas de los controladores del centro de control de la capital gallega que se ausentaron de sus puestos de trabajo en noviembre de 2010.
La juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha admitido la personación, como acusación particular, de más de cinco mil afectados.