Jardín del Parador de Alcalá de Henares | Foto: Paradores

El Tribunal de Cuentas afea la gestión de personal en Paradores

Un informe del organismo fiscalizador revela una gestión deficitaria de la contratación de altos cargos y trabajadores de Paradores.

El Tribunal de Cuentas (TCu), el alto organismo que vigila el uso de los fondos públicos por el Estado español y sus empresas, desmenuza en un informe la caótica gestión de los empleados de Paradores durante 2016 y 2017. El TCu detalla expedientes de altos cargos en los que no figuran sus cualificaciones profesionales ni la aprobación previa de la Abogacía del Estado. O la contratación de empleados para los hoteles de forma oscura y sin responder a criterios de mérito o capacidad, entre otros.

El periodo analizado se corresponde con la etapa de Ángeles Alarcó en la presidencia de Paradores y el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, aunque también se realizan valoraciones sobre el primer año de Óscar López, el último presidente y nombrado jefe de gabinete del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, al frente de la cadena de hoteles públicos.

Empleos en la alta dirección

El TCu refiere en su informe que Paradores es la empresa del sector patrimonial que más dietas paga a sus consejeros. En total, los componentes del Consejo de Administración se repartieron 189.723 euros en 2017, el 12% de todas las dietas por asistencias a reuniones del Consejo de las empresas patrimoniales del Estado. De esta manera, cada consejero de Paradores recibió una media de 11.994 euros de dieta. Un porcentaje de esta cantidad se ingresa en el Tesoro Público por mandato legal. Por su lado, el salario medio de los cargos directivos de paradores fue de 118.374 euros en ese año.

Sin embargo, la nota más llamativa del informe no se refiere al periodo de Ángeles Alarcó en la cúpula, sino al del último presidente, Óscar López, dirigente del PSOE y nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez (PSOE). El Tribunal explica los curiosos movimientos que se produjeron en la alta dirección con la llegada de Óscar López. Por ejemplo, en 2018, el presidente entrante cesó a la Directora General de Paradores y nombró a Susana de la Rubia para este cargo. Sin embargo, de la Rubia fue cesada tres meses después de su nombramiento e indemnizada por no respetar el periodo de preaviso para despedirla. A De la Rubia se la envió como directora del Parador de Hondaribia con un contrato de trabajo temporal. De La Rubia ya había trabajado en la década de 1990 en Paradores como directora del Parador de Jarandilla de la Vera y otros cargos y también ha sido directora general de Turismo en el Principado de Asturias.

Un caso similar se produjo en septiembre de 2018, cuando se formalizó un contrato de alta dirección para el puesto de Directora Operativa, pero en noviembre (dos meses después), el presidente cesó a la persona nombrada. Dos días antes, a esta alta directiva se le había realizado un contrato temporal para ser directora del Parador de Monforte de Lemos.

Otra situación parecida se dio con el Secretario General y la Dirección de Comunicación, que Óscar López quiso convertir en puestos de alta dirección, pero desde la Dirección General de Patrimonio del Estado sólo se le permitió esta maniobra con la Dirección Operativa. La persona que se designó para este puesto había tenido un contrato temporal de relevo como director del Parador Monasterio de Corias, desde el 8 de octubre de 2014 hasta el 31 de octubre de 2016, otro contrato temporal de relevo como director del Parador de Antequera, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 28 de diciembre, que, a su conclusión, se transformó en contrato indefinido.

El TCu concluye que este vaivén de nombramientos en la alta dirección “afecta a la estabilidad organizativa de la Sociedad”. Además, en otro apartado, el Tribunal llama la atención a Paradores por usar contratos temporales para los directores de Parador.

Con respecto a las contrataciones de altos directivos, el Tribunal señala otros defectos. Por ejemplo, en sus expedientes de contratación no constan los datos personales, los títulos académicos y la experiencia profesional que acrediten la idoneidad para el cargo de estas personas. Tampoco figura la conformidad previa para su contratación otorgada por la Dirección General de Patrimonio del Estado. Y los informes preceptivos de la Abogacía del Estado son posteriores a la fecha de formalización de las adendas de los contratos. Es decir, Paradores se ha saltado sistemáticamente la dación de cuenta a los organismos estatales que deben verificar la necesidad de las contrataciones y su legalidad. Y esto es predicable de la etapa del PP como de la actual del PSOE.

El Tribunal también hace una breve radiografía de la estructura laboral de Paradores. La plantilla está compuesta por un 57% de mujeres. Pero cuando se va a las direcciones de los hoteles, sólo el 45% de mujeres ocupan este cargo. Y en los servicios centrales de la empresa, sólo un tercio de las mujeres tienen un puesto directivo. Así que Paradores repite una estructura laboral que abunda en el sector turístico, donde las mujeres sólo suponen el 20% de los puestos de decisión. El turismo es un mundo de hombres.

Resto de empleados

El Tribunal de Cuentas sigue analizando en su informe otras cuestiones que afectan al resto de trabajadores de Paradores. Una de las más importantes es el uso de la temporalidad en la cadena pública de alojamientos para contratar al personal de los hoteles. De los 5.407 empleados de la cadena en 2017, el 33% eran temporales. Es una práctica habitual en el sector hotelero, que depende de las temporadas vacacionales y, en función de ellas, contrata a los trabajadores.

Sin embargo, el TCu afea a Paradores los métodos de contratación, que se “realiza en virtud de bolsas de trabajo no documentadas que tiene cada Parador en las que están incluidas las personas a las que acude cuando lo precisa de forma que, a lo largo de varios años, se concatenan contratos mensuales de duración inferior al año”. Para el Tribunal este método es un riesgo legal, pues estos contratos se podrían considerar el fraude de ley y los tribunales podrían convertirlos en fijos a tiempo parcial, con las consiguientes indemnizaciones para los trabajadores.

El Tribunal señala otra práctica curiosa. Si se piensa en un director de Parador, la imaginación representa a un profesional con una estabilidad laboral. Parece que esos tiempos también pasaron. El TCu destaca que Paradores realiza contratos temporales a los directores de sus alojamientos, como el de la directora del Parador de las Cañadas del Teide, entre otros.

Sobre los trabajadores, el Tribunal refiere que Paradores acumula más del 90% del colectivo de empleados que ha percibido salarios inferiores a 27.000 euros “debido a la elevada temporalidad de contratos a tiempo parcial y contratos de corta duración”. El organismo que audita las cuentas públicas indica que el salario medio entre los trabajadores de Paradores fue de 11.799,67 euros en 2017 o 983 euros mensuales (en 12 pagas). Otro mito enterrado: el de que trabajar en Paradores es sinónimo de buenas condiciones laborales.

En la página 189 del informe, el Tribunal de Cuentas pinta con frialdad y crudeza la situación laboral de la empresa pública: “el salario medio de Paradores se encuentra cercano a los 12.000 euros debido a que casi el 93% de la plantilla se sitúa en el tramo retributivo inferior a los 27.000 euros, en torno al 5,9 % de los empleados percibieron entre 27.000 y 54.000 euros, el 1 % de los trabajadores recibieron retribuciones entre los 54.000 y los 90.000 euros y por encima de ese importe se halla el personal de alta dirección, así como otros directores y titulados”.

Por último, el TCu llama la atención sobre el incumplimiento de la ley de contratos públicos en la contratación de servicios exteriores, en concreto de varios despachos de abogados. El Tribunal indica que estos contratos se renovaban año a año sin concurso público y además se fragmentaron en cantidades pequeñas para evitar cumplir la Ley de Contratos del Sector Público.

Paradores presentó alegaciones ante las conclusiones del Tribunal de Cuentas, pero el alto organismo no las ha tenido en cuenta y no ha modificado ninguna de estas cuestiones.

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