Díaz-Ferrán, condenado por la quiebra “culpable” del Grupo Marsans

El Juzgado de lo Mercantil que tramita el concurso del Grupo Marsans ha sentenciado que Gerardo Díaz-Ferrán, propietario junto al fallecido Gonzalo Pascual del conglomerado, es culpable de la quiebra del mismo y le obliga a pagar las deudas.
Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de CEOE y expropietario del Grupo Marsans
Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de CEOE y expropietario del Grupo Marsans

MADRID.- El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha condenado al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán, por llevar a la quiebra “culpable” al Grupo Marsans y le obliga a pagar las deudas del concurso. La sentencia (PDF), recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid, confirma que el concurso de acreedores de la empresa de viajes fue “culpable”, por lo que el directivo, junto con Posibilitum Business, la empresa de Ángel de Cabo que compró Marsans, tendrán que hacer frente a la deuda del grupo turístico, que supera los 400 millones de euros. Por su lado, la herencia yacente de Gonzalo Pascual, el socio de Díaz y presidente de Marsans, también ha sido condenado a hacer frente a esta deuda. La herencia de Pascual se encuentra “yacente”, es decir, no ha sido aceptada por sus herederos (hijos y viuda), por lo que los mismos no han sido condenados a afrontar los pagos.

La sentencia también condena a Díaz Ferrán a la pérdida de los derechos que pudiera tener como acreedor concursal de la empresa y le condena a él y a los herederos de su socio Gonzalo Pascual “a cubrir en su integridad el déficit patrimonial de Viajes Marsans” en la parte que no sea satisfecha por la liquidación de la sociedad.

Díaz-Ferrán también ha sido inhabilitado durante 15 años para “administrar bienes ajenos” o “representar o administrar a cualquier persona”. El empresario se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 5 de diciembre por la operación Crucero, en la que se investiga el vaciamiento patrimonial de Marsans.

Sueldos de más de 20.000 euros

En una sentencia muy detallada, de 53 páginas, la magistrada Ana María Gallego Sánchez refiere una serie de irregularidades contables, como el traspaso de saldos deudores a determinadas cuentas de la contabilidad en las que no deberían figurar. La jueza también estima que en la petición inicial del concurso de acreedores se aportaron documentos falsos por parte de Díaz-Ferrán y Posibilitum Business como administradores de Marsans.

Gallego también refleja en la sentencia que Marsans no gestionó adecuadamente su tesorería. Por ejemplo, Teinver, la sociedad patrimonial que usaban Díaz-Ferrán y Pascual para gestionar Marsans, tiene una deuda de 265,44 millones de euros con el grupo turístico. La jueza también refleja “pagos a presidencia” por valor de 1,18 millones, que apuntan a que Díaz-Ferrán y los gestores de Posibilitum Business, Ángel de Cabo e Iván Losada, presuntamente habrían sustraído. A este respecto, la jueza también reproduce un informe de la administración concursal en el que se indica que Díaz-Ferrán y Pascual se dieron de alta como trabajadores de Marsans con un salario mensual de 20.555 euros ya en 2010, cuando la sociedad estaba en quiebra aunque sus cuentas oficiales no lo mostrasen. Por su lado, los empleados de Posibilitum (De Cabo y Losada) se asignaron salarios de 1,5 millones de euros anuales.

“Afectación masiva a consumidores finales”

La magistrada del Juzgado Mercantil 12 de Madrid expone en la sentencia que, a pesar de saber que estaban en quiebra, Díaz-Ferrán y Pascual siguieron recogiendo anticipos de 2.195 clientes por valor de 1,86 millones de euros. Las reclamaciones de deudas realizadas por clientes y proveedores ascienden a 11,54 millones de euros. A juicio de la magistrada se produjo una “afectación masiva a proveedores y consumidores finales”.

El agujero patrimonial de Marsans asciende a 400 millones de euros y es seguro que los bienes del grupo de empresas no serán suficientes para hacer frente a esta deuda. Díaz Ferrán también se ha declarado insolvente y probablemente suceda lo mismo con Posibilitum Business, por lo que las posibilidades de que los clientes y proveedores cobren sus créditos son escasas. La actual Ley Concursal establece un orden estricto de cobranza en el que la administración va por delante y las deudas de Marsans con Hacienda y la Seguridad Social casi suponen 20 millones de euros.

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