Perchas, wi-fi o lencería. Son algunos de los requisitos que se necesitan para comercializar, de forma legal, una vivienda turística en algunas regiones españolas. El polémico informe sobre economía colaborativa que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha elaborado muestra la disparidad de legislaciones para operar con libertad en el mercado de alquiler de viviendas. En las Islas Canarias, por ejemplo, la normativa exige que las viviendas cuenten con perchas “de material no deformable y estilo homogéneo” a lo que se suma “iluminación para la lectura junto a cada cama”.
En otras regiones, como Madrid, las viviendas deben tener acceso inalámbrico a Internet. En esta comunidad autónoma también es necesario un alquiler mínimo de cinco noches para poder pernoctar en una vivienda turística. Este precepto se encuentra recurrido en un tribunal contencioso-administrativo, que podría anularlo si lo estima contrario a la ley. En otros lugares, como Aragón o Baleares, las viviendas turísticas deben contar con unas dimensiones determinadas en las habitaciones en función de los metros cuadrados y las personas que los alquilen.
Esta falta de homogeneidad en las normativas es consecuencia de la distribución de competencias entre el Estado español y las diferentes regiones que lo integran y, como sucede en otros ámbitos, cada comunidad autónoma crea leyes según su parecer pero sin llegar a un acuerdo para conseguir una legislación similar en todo el Estado. La consecuencia es desigualdad entre los empresarios y particulares a la hora de iniciar su negocio e incluso el incumplimiento involuntario de la ley en muchos casos por desconocimiento. El cliente tampoco sabe a qué atenerse ni qué calidades encontrará en los pisos turísticos de una región española o de otra.
Inseguridad y pérdida de impuestos
El sector hotelero, representado por sus principales asociaciones, se queja de la laxitud de la normativa para alquilar viviendas turísticas frente a la miríada de normas que debe cumplir un establecimiento hotelero para poder desarrollar su actividad. El sector ha ejercido fuertemente como lobby para influir en estas normativas. Sin embargo, la opinión de la CNMC, que en los próximos meses realizará una recomendación legislativa, es la de liberalizar al máximo el negocio del alquiler vacacional (también el de los taxis).
El problema va más allá de la legislación que debe cumplir una vivienda turística para poder operar. La fiscalidad de esta actividad es uno de los temas más controvertidos y al que ni el Estado español ni las comunidades autónomas están dando una respuesta consensuada. En un país como España, que recibe 60 millones de turistas anuales, buena parte de los cuales se aloja en viviendas turísticas, el dinero que se está perdiendo por recaudación impositiva puede ascender a 800 millones de euros entre Impuesto de la Renta e IVA, según un estudio elaborado por Exceltur, asociación que aglutina a las grandes empresas turísticas españolas. No obstante, se trata de una estimación que se basa en suposiciones y hace muy difícil saber con exactitud la pérdida fiscal que se produce.
Otros problemas que no resuelve la legislación es la aplicación de los derechos de los consumidores a este tipo de alquileres de viviendas turísticas, ya que en muchos casos se trata de transacciones entre particulares.
